A nueve meses de funcionamiento, 100% de las solicitudes fue gestionado satisfactoriamente, a través de la Unidad de Comercialización, quien se encarga no sólo de dar respuestas, sino además, guiar a los usuarios para obtener la información necesaria a sus requerimientos. Las respuestas a las solicitudes no superan los 8 días, en promedio y algunos casos, menos de 24 horas.
La implementación de la Ley 20.285 requirió de la definición de costos de reproducción: $800 por información digital y $ 25 por fotocopia para estudiantes.
La iniciativa fue implementada con la finalidad de aumentar los mecanismos de los ciudadanos para acceder a información pública. Cabe precisar que cualquier persona -sin expresión de causa- puede acceder a las encuestas del INE, tales como:
- Primera Encuesta a las Pequeñas y Medianas Empresas 2006.
- Censo de Población y Vivienda en formato Redatam: 1992 y 2002.
- Encuesta Industrial Anual: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
- Encuesta Nacional de Empleo: desde 1996 a la fecha (último trimestre publicado).
- Censo Nacional Agropecuario: 1997 y 2007.
- Encuesta de Presupuestos Familiares: 1997 y 2007.
- Encuesta Suplementaria de Ingresos: de 1990-2008.
Bartolomé Payeras, encargado de dar respuesta a las solicitudes de transparencia, afirma que el volumen de solicitudes ha sido mayor al esperado y que la calidad profesional del equipo, junto a su compromiso institucional, ha posibilitado adaptarse a las demandas ciudadanas.
Antecedentes de la Ley 20.285
La Ley N° 20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública exige a los organismos del Estado y autónomos como las municipalidades, publicar y actualizar mensualmente en sus sitios Web información sobre su estructura orgánica; facultades, funciones y atribuciones de sus unidades; planta del personal, personal a contrata y a honorarios con las correspondientes remuneraciones, entre otros datos.
Además, los ciudadanos pueden solicitar información relacionada con el contenido de actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como toda información elaborada con presupuesto público, salvo algunas excepciones que contempla la ley. |
